La alimentación no puede seguir siendo un privilegio. Es un derecho. Y para que esto se convierta en una realidad material, organizaciones como Justicia Alimentaria defienden la necesidad de una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados. Esta propuesta no busca sustituir al sector privado, sino establecer un «suelo mínimo de garantía alimentaria», bajo la premisa de que comer bien no puede depender del código postal o del nivel de ingresos.
Del mismo modo que el Estado garantiza hospitales o escuelas para asegurar derechos fundamentales, debe proveer una infraestructura pública que garantice el acceso universal a alimentos frescos, saludables y asequibles.
Además de la venta de alimentos, la propuesta puede ir mucho más allá estos supermercados públicos podrían incorporar cocinas comunitarias vinculadas a la compra pública alimentaria, escuelas, guarderías, residencias o comedores sociales. Cocinas capaces de elaborar comida saludable para equipamientos públicos mientras generan empleo digno y arraigo territorial. También deberían ser espacios de formación y vida comunitaria. Lugares donde aprender a cocinar, entender el etiquetado, recuperar la cultura alimentaria o desarrollar actividades educativas para niños y niñas.
Desde esta organización, reclaman la aprobación de una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados, una infraestructura pública que garantice el acceso universal a alimentos saludables, frescos y asequibles, fortaleciendo al mismo tiempo la producción local y recuperando espacios públicos hoy abandonados.
Más de 50 organizaciones nos hemos sumado a esta propuesta. Puedes encontrar toda la información aquí:
Manifiesto por una Ley Estatal para la Creación de una Red Pública de Supermercados